Entrevista de El Día de Córdoba a José Ignacio Expósito, Alcalde de Peñarroya-Pueblonuevo

Tras su paso por la Junta de Andalucía, donde ocupó el cargo de delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, el PSOE situó a José Ignacio Expósito como cabeza de lista en Peñarroya-Pueblonuevo en las últimas elecciones municipales. Este discutido nombramiento llevó a parte de la militancia a fundar un nuevo partido con el que ahora convive en el Pleno. Expósito hace repaso de aquellos momentos y de sus propósitos desde la Alcaldía.

-¿Qué balance hace de estos primeros seis meses de gobierno?

-Están siendo positivos por los cambios que estamos introduciendo, puesto que queríamos hacer del Ayuntamiento algo diferente. En primer lugar, somos más cercanos a los ciudadanos, hemos abierto las puertas y mantenemos contacto con todos los colectivos. En esta primera etapa, también hemos puesto en marcha algunas medidas que llevábamos en nuestro programa electoral para que ningún ciudadano se quede sin un plato de comida y todas las familias puedan pagar los recibos de luz, agua o gas.

-¿Qué objetivos principales se propone para el mandato?

-El empleo es el mayor problema que tenemos. Queremos hacer de Peñarroya-Pueblonuevo un lugar de oportunidades, así que trabajamos en una ordenanza de ayuda a emprendedores y autónomos y queremos también ofrecer nuestro suelo industrial. Si tenemos que llegar a un precio simbólico con la venta del suelo, lo vamos a hacer. También trabajamos con empresas de economía social para que Peñarroya forme parte de esta red y se creen cooperativas.

-¿Qué futuro tiene el municipio tras el cierre de las minas?

-Hay que definir hacia dónde queremos que vaya la localidad. Tenemos una gran riqueza patrimonial que recuerda el pasado minero, así que el pilar fundamental va a ser poner en valor ese legado. También potenciaremos el medio ambiente, ya que estamos en un entorno único. En este sentido, hay que trabajar con el resto de municipios vecinos para fomentar el turismo de naturaleza. Y un tercer sector que vamos a potenciar es el sociosanitario, con la apertura de la residencia de discapacitados. Las políticas sociales cumplen un doble objetivo, prestar servicios y generar empleo. Estamos ya trabajando con la Junta de Andalucía para abrir la residencia.

-¿Puede llegar este desarrollo sin infraestructuras de comunicación y carreteras adecuadas, como la N-432?

-Es fundamental que seamos capaces de hacer ver al Gobierno de España lo importante que es contar con infraestructuras adecuadas, y en este sentido es vital el desdoblamiento de la N-432 y su conversión en autovía para el desarrollo del Guadiato. Hace unos años, el Gobierno dijo que cuando finalizara la Autovía del Mediterráneo, lo siguiente que pondría en marcha sería el desdoble de la Granada-Badajoz. Así se lo vamos a reclamar al nuevo Gobierno. Al Guadiato ya le toca, y es fundamental para tener futuro. Hace unos días, hemos aprobado en el Pleno instar a la Junta de Andalucía a que realice los trámites para que el gas natural llegue a la localidad. Entendemos que éste es un elemento que también puede convertirnos en un lugar más atractivo para la inversión. Igual ocurre con la fibra óptica en los polígonos.

-Habla de infraestructuras y servicios con los que desde hace años ya cuentan otros municipios. ¿Se sienten en el Valle del Guadiato ciudadanos de segunda?

-Tenemos la sensación de que nos cuesta más conseguir algunas cosas. Entendemos que una vez que ya no existe actividad minera en la localidad, es fundamental que nos pongamos al mismo nivel que el resto de comarcas, y va a ser fundamental que todos los municipios de la zona trabajemos de manera conjunta. Lo último que hemos hecho junto a Fuente Obejuna y Belmez es mantener un encuentro con la Junta para conseguir que el gobierno autonómico se implique también en el plan de la minería, del que nos hemos quedado fuera por culpa del Gobierno de España. Entendemos que la comunidad autónoma también tiene que ser partícipe y nos tiene que echar una mano para conseguir los fondos Miner que se quedaron sin ejecutar del segundo plan.

-¿Y confía en que ese dinero llegue realmente?

-Tenemos claro que la batalla la vamos a dar. No sé si lo conseguiremos o no, pero sería de justicia porque los acuerdos están para cumplirlos, independientemente de quien gobierne. Y cuando hay unos fondos que ya han sido aprobados, lógicamente eso tiene que mantenerse aunque cambie el Gobierno de España. La batalla la vamos a dar, y tenemos que convencer a la Junta para que demande ante los tribunales al Gobierno. En el caso del tercer plan, del que Andalucía queda excluida, exigimos al subdelegado la necesidad de seguir formando parte, pues hemos pagado el precio de cerrar las industrias pero no hemos sido capaces de crear alternativas.

-¿Y hubo algún compromiso por parte del subdelegado, Juan José Primo Jurado?

-La única respuesta fue que lo consultaría. Se habló hace algo más de un año de la posibilidad de que hubiera un proyecto excepcional para cada municipio excluido, pero claramente no hay voluntad por parte del Gobierno de España.

-Da la impresión de que los fondos que ha recibido Peñarroya no han servido para mucho, pues los problemas siguen siendo los mismos que hace años...

-Hay que diferenciar dos tipos de fondos: para infraestructuras y para proyectos empresariales. El primer plan no lo aprovechamos convenientemente, pero del segundo se hizo una buena gestión y se construyó la residencia de discapacitados, que sigue cerrada. También se dieron pasos para crear suelo industrial. Ahora lo más importante es que lleguen los fondos para planes empresariales. Ya no queremos ayudas para infraestructuras, renunciamos, pero necesitamos las ayudas para empresarios.

-La residencia no es la única infraestructura que está cerrada en la localidad...

-La residencia está pendiente de conseguir la concertación de plazas con la Junta. También está el hotel municipal, que fue abandonado durante cuatro años porque al PP no le interesaba ese proyecto; ha habido actos vandálicos que hay que subsanar. Y pendiente está también la rehabilitación del antiguo ambulatorio como centro cívico. Vamos a intentar abrirlas todas durante este mandato.

-¿Qué planes concretos tiene para la recuperación del Cerco Industrial?

-Hay una primera tarea que es aclarar si existe o no contaminación del suelo. Algunos estudios muestran indicios de que sí, pero hay que determinarlo. En base a la normativa de suelos contaminados, le corresponde al Ayuntamiento como propietario afrontar ese informe, pero sería inviable para las arcas municipales. Trabajamos con la Consejería de Medio Ambiente en un convenio para compartir los costes al 50%. Mientras que no hagamos eso, no podremos actuar en esas 60 hectáreas que tenemos en el centro.

-¿En qué situación se encontró el Ayuntamiento cuando llegó?

-En una situación complicada. Pesa a que el PP dijo que había dejado las cuentas saneadas, no contó toda la verdad. Existía una deuda de más de 1,3 millones en facturas sin pagar, y lo más grave es que había ocho cajas de facturas que ni siquiera habían sido reconocidas. Ahora estamos haciendo frente a estos casi dos millones de euros. Una de las actuaciones primeras fue la apertura del mercado municipal. La luz no se conseguía porque había una deuda con Endesa de 60.000 euros de hace varios años. Tuvimos que ponernos al día. Otro ejemplo es Fepamic, a quienes no se les pagaba desde el año 2012. También estamos recuperando la relación con la SGAE, que mantenía dos pleitos con el Ayuntamiento porque del último mandato no había recibido ni un solo euro.

-Gobiernan con el apoyo de IU, que recientemnte se han quejado de la falta de entendimiento. ¿Temen una ruptura?

-Llegamos a un acuerdo de gobernabilidad, que implicaba ejecutar algunas de las propuestas que IU llevaba en su programa electoral. El equipo de gobierno ha cumplido fielmente con este acuerdo, que no de gobierno, pues IU decidió voluntariamente quedarse fuera del equipo. Eso significa que las decisiones del día a día las toma el PSOE.

-Su nombramiento como cabeza de lista fue muy polémica, ¿quería ser alcalde? Dio la sensación de que el PSOE lo forzó a ello.

-Uno de los mayores honores de un político es convertirse en alcalde de su localidad. Lo que ocurrió entonces es que algunos no tenían claro cuáles eran los estatutos del partido. En aquel momento, el PSOE tomó la decisión de que había que presentar una lista debido a las circunstancias de los últimos años. Hay quien no aceptó y decidió echarle un pulso al partido. Las listas no las aprueba la asamblea, sino los comités provinciales, y eso ha pasado en las últimas cuatro elecciones. Cuando uno no acepta las decisiones, tiene dos posibilidades: acatarlas o salirse, que es lo que algunos decidieron. No se puede actuar al libre albedrío. En la lista intentamos sumar todas las sensibilidades de la agrupación.

-¿Qué relación mantiene ahora con Luisa Ruiz?

-Una relación totalmente cordial, como con el resto de grupos de la oposición. Estamos en un momento en que los cuatro grupos del Pleno tenemos que entendernos y todos tienen que ser partícipes de las decisiones. Ocurrió con las ordenanzas, que salieron adelante con unanimidad. Todos somos necesarios.

-Hay un procedimiento judicial abierto por la etapa en que Luisa Ruiz era alcaldesa por el PSOE. Usted formaba parte también del equipo de gobierno, ¿no vio nada extraño en su gestión?

-Siempre lo he dicho: nunca he puesto en duda la gestión de Luisa Ruiz. Tengo claro que eso fue una maniobra política, y el tiempo pondrá a cada uno en su sitio. Confío en que la Justicia sea ágil y culmine lo antes posible para que quede solventado el asunto y no se hable de Peñarroya-Pueblonuevo para estos asuntos. En todas las instituciones puede haber errores administrativos en un expediente, pero eso no supone que haya ningún delito. No ocurrió nada raro en esos años.

-¿Cómo vivió todo aquello desde la Junta?

-Fueron momentos muy desagradables. La Justicia puede actuar de otra forma. A veces sería más justo citar a las personas en lugar de montar actuaciones que rozan el espectáculo. Todo esto daña la política y a las personas que participamos en la vida pública. Quienes estamos aquí lo hacemos por el bien común, y es injusto que al final se generalice una opinión negativa.

-¿Qué aprendió de su paso por la Junta de Andalucía?

-Mucho. Se obtiene una visión general de las cosas y se conocen todos los rincones de la provincia. Te abre la mente y te ayuda a ver cómo en otros mnicipios se solventan situaciones complicadas.

-Llegó a estar imputado por la liquidación de los consorcios de las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt). ¿Cómo vivió aquello?

-Fueron seis días muy desagradables. Fue todo totalmente inesperado a raíz de una demanda de un sindicato. En el resto de provincias, la Fiscalía decidió no actuar, pero en Córdoba sí. Recogí una citación el lunes por la tarde y la declaración fue el martes. Tuve la oportunidad de dejar claro que no había participado en la liquidación de las Utedlt. No es plato de buen gusto, aunque tenía la conciencia totalmente tranquila y sabía que la imputación no iba a tener recorrido.

-El anterior delegado, Antonio Fernández, también declaró como imputado. ¿Defiende su gestión?

-No tuve la oportunidad ni siquiera de conocer las Utedlt. Cuando accedí al puesto de delegado de Economía y Empleo, que conllevaba la presidencia de todos los consorcios, ya se había acordado dos meses antes la disolución. Lo que sí está claro es que las decisiones sobre los consorcios no eran arbitrarias de cada uno de los presidentes en las provincias, sino que eran coordinadas desde la propia Consejería. Por tanto, entiendo que nadie debe dudar de que existía un respaldo jurídico.

-Da la sensación de que todo lo que toca la Junta se ralentiza. Ahí está el centro de congresos de Córdoba capital, los consorcios de la madera o la joyería, la autovía del Olivar, el sociosanitario de Lucena... ¿Cómo se lo explica a un ciudadano?

-La falta de agilidad es el mayor problema que tiene la administración en este país, pues a veces los proyectos se eternizan y uno pierde credibilidad ante los ciudadanos. Tenemos un sistema de autorizaciones que es excesivamente garantista, porque esto pone en riesgo determinados proyectos. Y quizás no son las infraestructuras las más afectadas, sino las empresariales. Hay muchas iniciativas que se quedan en el camino por la enorme burocracia, y esto tiene que cambiar.

-Acaba de ser nombrado presidente del Grupo de Desarrollo Rural (GDR) del Alto Guadiato, ¿qué planes tiene?

-Ha quedado claro en los últimos años que cuando este instrumento funciona bien, es muy positivo para los territorios. He echado en falta que las iniciativas empresariales cristalizaran en Peñarroya-Pueblonuevo, así que ese será mi objetivo.